El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado en la sesión de control del Parlamento que el Gobierno andaluz trabaja en un proyecto de ley de defensa de los consumidores sobre los productos hipotecarios como respuesta al drama social de los desahucios, que se han incrementado exponencialmente con la crisis económica hasta el punto de registrarse más de 500 al día. "Tenemos que proteger a la parte más débil" de la sociedad, "a quienes sufren verdaderos contratos de agresión con cláusulas abusivas", ha defendido Griñán, que ha instado también a una "reforma urgente" de la ley hipotecaria española a resultas de la reciente sentencia europea, que ha declarado ilegal la ley antidesahucios española.
José Antonio Griñán ha avanzado que esa nueva norma con la que el Gobierno andaluz pretende proteger a la ciudadanía de las hipotecas con condiciones imposibles la coordina el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y tendrá como objetivos "frenar los desahucios, preservar el derecho a la vivienda y proteger a la parte más débil frente a las entidades financieras, que tienen todo el poder en la mano en estas situaciones", ha resaltado. El presidente andaluz ha criticado que muchos productos hipotecarios son "verdaderos contratos de adhesión con cláusulas abusivas, lo que está privando a muchos españoles del derecho constitucional a una vivienda digna".
Griñán ha instado a reformar urgentemente la ley hipotecaria española a resultas de la sentencia del Tribunal de la UE. "Debe haber consecuencias legislativas -ha razonado-. Esa sentencia permite afrontar una reforma del sistema hipotecario español mediante una legislación integral que abarque la dación en pago o fórmulas similares", por lo que ha calificado el fallo de la justicia como "un gran paso adelante" que debería, a su juicio, "tener un efecto: que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó en el Congreso debería salir adelante lo más parecida a cómo se presentó".
El líder del Ejecutivo regional ha señalado que "los ciudadanos no entienden que los mismos bancos que ejecutan deudas hipotecarias estén apoyados por dinero público", lo que está provocando una situación "profundamente injusta", y ha reiterado que "no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que los bancos han prestado por encima de su capacidad".
Griñán ha recordado que el Gobierno andaluz ha venido desarrollando cuantas iniciativas ha tenido a su alcance para amortiguar el drama de los desahucios. Así, ha puesto en valor el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda puesto en marcha el 9 de octubre de 2012, "un servicio público y gratuito" que presta apoyo a las personas en proceso de desahucio. Además, ha añadido que desde junio de 2012 ha habido alzamientos de desahucios paralizados por la Junta y se han propiciado convenios con ayuntamientos y diputaciones con que crear un frente común institucional frente a esta realidad.
El Gobierno andaluz ha abierto además el frente de las iniciativas legislativas para intentar regular el exceso de viviendas vacías. Una de sus acciones ha sido instar a las entidades financieras, que concentran una parte importante del parque de viviendas, a que éstas se ocupen en un plazo no superior a los tres meses. En paralelo, ha señalado Griñán, se ha redactado el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, que obtuvo el visto bueno del pasado Consejo de Gobierno de la Junta.
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