El juicio contra 14 sindicalistas del SAT en el que se le pedían 60 años de cárcel y 78.000 euros de multas se ha suspendido debido a la imposibilidad del Juzgado de reproducir un vídeo que la Fiscalía aporta como prueba, según informa el Sindicato Andaluz de Trabajadores en su página digital.
Los 14 sindicalistas, veteranos luchadores de Los Corrales y Martín de la Jara, con larga experiencia en piquetes y múltiples luchas, siempre ejerciendo la no violencia activa, volverán a Sevilla el 6 de abril de 2016, nueva fecha del juicio.Entre los acusados se encontraban concejales de ambas localidades y miembros de la dirección nacional del SAT con larga trayectoria a sus espaldas.
Tanto el recién elegido portavoz nacional, Oscar Reina, como Diego Cañamero, responsable institucional del SAT en la nueva dirección, así como la parlamentaria andaluza, Mari García, han destacado la barbaridad que supone las penas exigidas basadas en un informe policial y han pedido la absolución de las personas procesadas y que termine ya con la campaña represiva contra el SAT.
En nombre de las personas procesadas hablaron Manuel Velasco (Los Corrales) y José Antonio Mesa (Martín de la Jara) que negaron rotundamente las acusaciones y pusieron en valor la actitud en todo momento pacífica del piquete.
En Los Corrales y en la Jara, igual que en la comarca, la huelga general del 12 de noviembre de 2012 fue total y seguida por el cien por cien de la población. Todo amaneció cerrado.
Por la mañana, un grupo de personas habían quedado para ir a informar al profesorado del instituto de los motivos de la huelga y pedirles apoyo, ya que la mayoría vienen de fuera y desconocen la realidad de desempleo forzoso en la que se encuentran los padres y madres de sus alumnos y alumnas.
No había acudido ni un solo alumno/a a clase, y los pocos profesores que iban llegando aparcaban lejos de la puerta de entrada sin salir del coche, por lo que no se pudo tener ninguna reunión con ellos como otras veces.
Poco tiempo después se presentó la Guardia Civil, a los que se le comunicó el deseo de poder hablar con el profesorado, pero en lugar de eso, procedieron a identificar a los hombres y mujeres allí concentrados y a denunciarlos.
No ocurrió absolutamente nada, ni hubo ningún tipo de daño personal, ni material. Nadie entiende esa escandalosa petición de la fiscalía basada en el informe policial enviado, cuando la citada huelga era legal y el derecho de informar a la entrada de los centros de trabajo está perfectamente recogido en la Constitución.
Habría que retroceder a los años más negros de la Dictadura Franquista, allá por la posguerra, para encontrar informes de este tipo lleno de acusaciones tendenciosas, contra personas honradas y trabajadoras por defender simplemente DIGNIDAD Y TRABAJO para nuestros pueblos. (Fuente: SAT).
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