lunes, 24 de abril de 2017

A propuesta de la APS, la asamblea de la FAPE aprueba crear una comisión nacional contra el plagio y el robo de fotografías, imágenes y textos

* La asamblea rechaza el informe de gestión de la presidenta

A propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), la asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebrada este fin de semana en Mérida, aprobó la creación de una comisión nacional contra el plagio y el robo de fotografías, imágenes y textos.
Esta comisión, similar a la creada recientemente por la APS, pretende hacer frente a la proliferación de casos en los que medios de comunicación, aprovechando la precariedad que vive el periodismo, usan en su provecho, publican y difunden material periodístico sin la autorización y con el desconocimiento de sus autores. Esta iniciativa supondrá cobertura jurídica y mediadora para los periodistas y fotoperiodistas que denuncien que su trabajo ha sido plagiado, una vez que la comisión confirme que, efectivamente, ha existido un uso indebido.
La asamblea de la FAPE, también a propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, acordó seguir realizando gestiones ante el Ministerio de Educación para que, con la máxima urgencia, modifique un real decreto que impide a los periodistas ejercer como docentes en los centros concertados y privados. En el caso de Andalucía, los periodistas que impartían Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras han sido despedidos de estos centros al decidir el ministerio que estas materias solo pueden ser desarrolladas por licenciados o graduados en carreras de Humanidades y no del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la que están adscritos los periodistas.
Una tercera propuesta de resolución de la APS fue rechazada por la asamblea. En ella se pedía que las asambleas anuales de la FAPE no contasen con subvenciones, patrocinios o aportaciones económicas de administraciones, ni de empresas públicas o privadas; que se suprimieran comidas, cenas, regalos o actos paralelos que no estén relacionados con la actividad periodística para asambleístas y acompañantes; y que se ampliasen las horas de trabajo de la asamblea. El plenario votó en contra por considerar que sin subvenciones ni patrocinios sería imposible organizar las asambleas anuales de la FAPE.
La APS votó de manera favorable todas las propuestas de resolución presentadas por otras asociaciones: la de Cantabria, sobre género; la de Huelva, sobre la figura de José Isidoro Morales; la de la FAPE, sobre la inclusión en el Pacto por la Educación del estudio de la función de los medios de comunicación; la de Mérida, sobre ser periodista en tiempos digitales; la de Soria, sobre la situación que atraviesa la prensa en esa provincia; y dos de Madrid, una de rechazo a las presiones políticas y económicas sobre el libre ejercicio del periodismo, y otra sobre el funcionamiento de la comisión de Garantías de la FAPE, para que su trabajo se limite a las funciones que establecen los estatutos.

RECHAZADO EL INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENTA
Al margen de las propuestas de las asociaciones, la asamblea de la FAPE rechazó el informe de gestión de su presidenta, Elsa González. El resultado fue de 269 votos en contra, 214 a favor y 28 abstenciones. En contra del informe votaron las asociaciones federadas de A Coruña, Alicante, Madrid, Sevilla y Valencia; se abstuvo la de Aragón; y lo apoyaron 31 asociaciones, una de ellas por voto delegado, y cinco de las asociaciones vinculadas. La FAPE está integrada por 46 asociaciones federadas y 15 vinculadas, de las que 37 federadas y cinco vinculadas estuvieron representadas en la asamblea.
Las cinco asociaciones que votaron en contra del informe de gestión de la presidenta suman 7.714 de los 12.642 periodistas de las organizaciones federadas en la FAPE, lo que supone el 61% del total. Las 31 asociaciones federadas que lo apoyaron cuentan con una representación de 3.906 periodistas. Se abstuvo Aragón, con 556 periodistas, y no asistieron nueve asociaciones, que reúnen a 466 periodistas.
El plenario también aprobó una reforma del Código Deontológico e incorporar como asociaciones federadas a la Asociación de Periodistas Pi i Margall de Barcelona y a la Asociación de Informadores de Elche. En cambio, rechazó, de momento, a la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Como vinculadas fueron admitidas la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera y la Asociación de Periodistas Venezolanos en España.

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