miércoles, 28 de junio de 2017

La Coordinadora Provincial de Sevilla Marchas de la Dignidad se dirige por carta al alcalde para pedir el cese del delegado municipal, Juan Carlos Cabrera, por el desalojo de concejales y trabajadores de LIPASAM del Ayuntamiento de Sevilla

La Coordinadora Provincial de Sevilla Marchas de la Dignidad han dirigido la siguiente carta al alcalde de Sevilla, Juan Espadas:

"AL ALCALDE DE SEVILLA
Ante lo ocurrido el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Sevilla la Coordinadora Provincial de Sevilla de las Marchas de la Dignidad manifiesta lo siguiente:
Lo sucedido en esa fecha en las dependencias municipales del Ayuntamiento fue un desalojo violento y desmedido por parte de la Policía Local de una representación del colectivo en lucha de trabajadores de LIPASAM y de los concejales de los grupos municipales Izquierda Unida y Participa Sevilla.
La desproporcionada e injustificable actuación policial se produjo siguiendo órdenes del Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cabrera Valera, por lo que apoyamos la reclamación de dimisión de este Delegado municipal.
El desalojo lo calificamos de injustificado y desmedido. Nos parece muy grave el trato recibido por el colectivo de trabajadores en lucha de una empresa municipal y por los concejales que fueron agredidos y expulsados del Ayuntamiento. Son hechos reprobables en su totalidad y que vulneran derechos democráticos básicos.
Se ha echado a patadas de la Casa Consistorial a concejales, representantes elegidos democráticamente por el pueblo de Sevilla, y a trabajadores que reivindicaban pacíficamente sus derechos y sólo pretendían reunirse con grupos municipales de la oposición. Y eso no puede quedar impune. Si usted como alcalde y
su partido pretenden pasar página como si no hubiera ocurrido nada, se equivocan.
El desalojo del 7 de junio no solo supuso un atropello inadmisible a la labor institucional que realizan representantes políticos, sino una vuelta de tuerca más de una estrategia represiva que busca acallar las protestas sociales y criminalizar a los colectivos que reivindican sus derechos. Fue, por tanto, un ataque a la democracia.
La movilización es una acción fundamental para defender los derechos laborales y sociales y el Ayuntamiento debe ser un espacio abierto en este sentido.
Por todo lo ocurrido, la dimisión del Delegado de Seguridad Ciudadana y el requerimiento de responsabilidades de los mandos policiales que dirigieron la acción del desalojo son exigencias mínimas en un Ayuntamiento democrático.
Sevilla, 27 de junio de 2017
Coordinadora Provincial de Sevilla
Marchas de la Dignidad".

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