Izquierda Unida y Participa Sevilla han solicitado amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, tras el desalojo policial acontecido el pasado 7 de junio,en el que concejales y personal técnico de ambos grupos políticos -- afirman en un nota de Prensa el Grupo de IU en la Corporación Municipal--, "fueron agredidos y expulsados violentamente del Ayuntamiento de Sevilla cuando intentaban reunirse en sus dependencias municipales con ex trabajadores eventuales de Lipasam".
En un encuentro mantenido en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz --difunde la misma fuente--, los concejales de IU y Participa han relatado a Maeztu todo lo ocurrido durante el desalojo y le han trasladado su preocupación e indignación ante esta desproporcionada e inaudita actuación policial en la que se vulneraron claramente derechos fundamentales y se impidió desarrollar su labor institucional a representantes de la Corporación hispalense elegidos democráticamente.
En esta reunión, en la que han estado presentes los ediles de IU, Daniel González Rojas y Eva Oliva, y los de Participa, Susana Serrano y Julián Moreno --se recoge en esta información de IU-- "Maeztu ha podido conocer de primera mano los graves hechos que se sucedieron aquel día en el Ayuntamiento hispalense, cuando cuatro concejales fueron desalojados violentamente por las órdenes unilaterales del delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que incomprensiblemente sigue en su puesto".
Desde IU y Participa --continúa la información de IU-- recalcan que este atropello democrático no tiene precedentes en la historia reciente del Ayuntamiento y denuncian que, con esta desmedida actuación policial,se ha traspasado una línea muy peligrosa. Recuerdan, además, que, días antes de este desalojo, también se produjeron en el Consistorio otros hechos similares, cuando profesores interinos de los conservatorios andaluces fueron igualmente expulsados de las dependencias municipales de Izquierda Unida, mientras se encontraban reunidos con ediles y trabajadores de ambos grupos políticos.
Por todo ello --según esta nota difundido a la Prensa--, IU y Participa esperan que el Defensor del Pueblo Andaluz investigue lo sucedido y tome cartas en el asunto en la medida de sus posibilidades y competencias. En este sentido, el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, ha señalado que ambas formaciones políticas “estamos dispuestas a llegar a donde que haya que llegar para que estos hechos tan graves no queden impunes y no vuelvan a repetirse en la vida municipal sevillana”.
Para González Rojas --se afirma en el comunicado--, resulta “inconcebible” que haya transcurrido ya más de una semana desde el polémico desalojo y que el gobierno de Espadas no sólo no ha depurado ninguna responsabilidad política, sino que encima sigue sin reconocer el error y tiene incluso la desfachatez de defender una actuación “a todas luces injustificable”. De este modo, ha insistido en que, después de lo ocurrido, Cabrera no puede continuar ni un minuto más en su cargo.
“La expulsión a empujones de concejales y ex trabajadores municipales del Ayuntamiento deberían ser imágenes de otros tiempos políticos. En una democracia de primer nivel, como pretende ser la española, esto no puede ocurrir. ¿Cómo podemos ejercer nuestra función de oposición sini siquiera nos dejan reunirnos con ex trabajadores municipales?”, se ha preguntado la portavoz de Participa Sevilla Susana Serrano.
Además Serrano --finaliza la nota informativa--, ha recordado una vez más la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la vulneración de derechos fundamentales que sufrió Participa Sevilla durante la aprobación de los presupuestos municipales de 2016 al ser vetadas sus enmiendas por parte de la socialista Carmen Castreño. “Este gobierno no aprende y sus prácticas anticonstitucionales parece que vuelven a repetirse”, manifestó por último Susana Serrano.
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